El Gobierno nacional dio a conocer este lunes formalmente una de las primeras medidas que decidió tomar para intervenir en el mercado exportador.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció una serie de nuevos requisitos que deben cumplir las compañías que comercialicen mercadería en el exterior para poder ser parte del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca).
Se trata del listado de empresas habilitadas para producir, fabricar y/o comercializar alimentos en Argentina.
¿La sorpresa? Estas nuevas obligaciones informativas que deben cumplir las compañías no solo abarcan al sector de las carnes, como se había anunciado, sino también a las que exportan granos y lácteos.
Del texto normativo se desprende que el Gobierno les apunta puntualmente a las firmas que venden al exterior, pero comercializando a través de un tercero.
“Los (nuevos) requerimientos no serán de aplicación si el exportador tiene un establecimiento propio ya inscripto en el Ruca”, establece la resolución.
Estos requerimientos son:
Para los operadores del mercado de ganados y carnes, se agrega lo siguiente:
Como principal motivo que lleva a la emisión de esta resolución, el Gobierno esgrime que “se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades competentes”.
“Ante la imperiosa necesidad de alcanzar una más amplia formalización, transparencia y control de una actividad tan sensible como la exportación dentro de la matriz de producción agropecuaria nacional, se estima conveniente establecer nuevas exigencias, que serán requeridas a los fines de su inscripción y permanencia en el Ruca y la consecuente habilitación, para ejercer legalmente el comercio”, señala el texto normativo en sus fundamentos.
También sostiene que “los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”.
El Gobierno considera, en este contexto, que las empresas alimentarias, para desempeñarse en el mercado exportador, deben poder acreditar de modo suficiente la sustentabilidad técnica, operativa y económica-financiera de sus operaciones.
“La medida propiciada brindará un horizonte de mayor certidumbre no solo para los interesados en participar en la actividad, sino también para los compradores extranjeros, creando un entorno que contribuya a consolidar más aun la industria agroexportadora de nuestro país, instalándola como marca distintiva en el mundo”, menciona la resolución.
De todos modos, vale recordar que los anuncios de intervención en las exportaciones se hicieron minutos antes de que se conociera la inflación de marzo, del 4,8 por ciento, la más alta desde que Alberto Fernández es presidente.
Además, se formularon unos días después de la polémica despertada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien había amenazado con cerrar las exportaciones de carne si no se frenaban las subas de los alimentos, medida que fue desmentida por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.