Con el objetivo de consolidar un modelo de gestión eficiente y sustentable para los caminos rurales, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó un proyecto de ley que busca establecer un nuevo esquema integral para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en todo el territorio provincial. La propuesta fue anunciada ante representantes de la Mesa de Enlace, productores y consorcios camineros, y será enviada a la Legislatura para su tratamiento.
“Esta no es la ley de un Gobierno, es la ley de los productores y los consorcios camineros. Es fruto del consenso y el trabajo conjunto”, destacó Llaryora durante el acto de presentación, realizado en el Centro Cívico del Bicentenario. El mandatario remarcó que, en un contexto nacional donde el Estado se retira de la infraestructura, Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo productivo del interior.
El proyecto de ley fue elaborado en conjunto entre la Provincia y las entidades del sector agropecuario. La iniciativa propone un modelo de articulación público-privada para conservar, mejorar y proteger los más de 57.000 kilómetros de caminos rurales de tierra, con impacto directo en la producción agropecuaria, la conectividad y el arraigo rural.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Bioagroindustria, y el sistema estará conformado por la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único. El financiamiento provendrá mayoritariamente del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), nutrido con el 98% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural, además de aportes de obras, socios, donaciones y sanciones por daños a la infraestructura vial.
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, explicó que el nuevo esquema reemplazará una normativa vigente desde los años noventa. “Trabajamos más de un año junto a las entidades agroindustriales, legisladores del oficialismo y la oposición, para construir una propuesta superadora y consensuada. Lo más importante es tener buenos caminos, y eso trasciende a cualquier gobierno”, señaló.
Desde el sector privado, también hubo un fuerte respaldo. Sebastián Laborde, representante de la Sociedad Rural Argentina, aseguró que “los caminos rurales son la diferencia entre la vida y la muerte, entre una educación digna o no, y entre que los alimentos lleguen o no a la mesa de los argentinos”.
Por su parte, Juan José Fabbri, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, celebró la iniciativa y subrayó el valor de la relación con el gobierno provincial: “Siempre tenemos una respuesta y eso es de destacar. Más allá del aporte económico, rescatamos el vínculo humano con el Ministerio”.
Aunque el anuncio incluyó un refuerzo presupuestario de 12.500 millones de pesos —9.500 para obras de enarenado y 3.000 para maquinaria—, el eje central de la jornada fue la institucionalización de un sistema de gestión que Córdoba ya aplica y que otras provincias observan con atención. Llaryora fue categórico: “En Argentina vienen a Córdoba a querer imitar este modelo, porque acá construimos juntos”.
Con este paso, la provincia busca fortalecer su infraestructura rural como base para un desarrollo territorial equilibrado y con arraigo, apostando al campo como motor de crecimiento, pero con el respaldo de políticas públicas sostenidas y participación activa de los actores locales.