El Gobierno se alista para dar a conocer el decreto que establecerá un régimen de sanciones para las empresas exportadoras que no liquiden divisas. Fuentes oficiales le dijeron a Ámbito que en principio la medida se publicaría mañana en el Boletín Oficial. AMBITO

En ese marco, según pudo confirmar este diario, el Ministerio de Economía logró el visto bueno del procurador Eduardo Casal para esta iniciativa que refuerza los controles cambiarios sobre los incumplidores.

En el borrador del decreto, al que accedió este medio, el artículo 1° encomienda al Banco Central “a efectuar, en el plazo de 10 días corridos, una revisión y actualización del sistema ‘Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes’, así como de la nómina de sujetos que hayan efectuado exportaciones y que no hayan dado cumplimiento, en tiempo y forma, a la obligación de liquidar divisas de dichas operaciones de comercio exterior en el mercado oficial de cambio”. Y encomienda a la autoridad monetaria a incorporar “el seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes indicado en el párrafo anterior, al servicio ‘Cuenta corriente única de comercio exterior’ que funciona en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

En esa clave, la nueva normativa instruye al BCRA que comunique “a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas y Dirección General Impositiva) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la nómina de sujetos que hayan efectuado exportaciones y que no hayan dado cumplimiento, en tiempo y forma, a la obligación de liquidar divisas de dichas operaciones de comercio exterior en el mercado oficial de cambio”.

El decreto establece que la entidad que preside Miguel Pesce “iniciará los sumarios respectivos y suspenderá para operar en cambios y cursar nuevas operaciones de exportación a los sujetos incluidos en la nómina indicada, en virtud de las medidas precautorias previstas en el artículo 17, inciso a), de la Ley N° 19.359 de Régimen Penal Cambiario, texto ordenado Decreto N° 480/95”.

Respecto de las firmas incluidas en esa nómina, se dispone que la AFIP “evaluará su conducta fiscal, disponiendo medidas preventivas, en el ámbito de su competencia, tanto sobre la condición de inscriptos de los contribuyentes y responsables”, lo que implicará la suspensión o bloqueo de la CUIT, “como respecto de la autorización para la emisión de comprobantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35, inciso h) de la Ley N° 11.683”.

Asimismo, la Aduana podrá disponer la suspensión del registro de Importadores y Exportadores previsto en el Código Aduanero, ley N° 22.415. Finalmente, la Secretaría de Agricultura dispondrá la suspensión preventiva del operador y/o del establecimiento del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

Por último, el Banco Central “informará, previa evaluación de las operaciones involucradas, de los sujetos incluidos en la nómica indicada en el artículo 1° a la Unidad de Información Financiera (UIF)”.

El informe que motivó la medida

Dos semanas atrás, Ámbito dio a conocer un informe reservado realizado por AFIP-Aduana, donde se detallan incumplimientos registrados en la liquidación de un centenar de firmas (con un alto porcentaje de Sociedades por Acciones Simplificadas- SAS, una herramienta creada durante el Gobierno de Mauricio Macri) que suman en el período 2019 a 2022 un total de u$s3.769 millones jamás ingresados.

Del total, los incumplimientos acumularon u$s74 millones en 2019; treparon a u$s1.114,54 millones en 2020; se redujeron a u$s865,52 en 2021; volvieron a dispararse a u$s1.228,58 en 2022; y acumulan solo en el primer trimestre de este año u$s456 millones. Los montos involucrados terminaron depositados en el exterior o reingresaron vía CCL, aprovechando la brecha cambiaria. El listado de empresas no solo está bajo la lupa de fiscalización, sino también fueron informadas a la UIF, con el objetivo de iniciarles investigaciones por presunto lavado de dinero.

El ranking está encabezado por firmas exportadoras donde la principal (Díaz & Forti) se recorta en la cima con u$s692.487.264, seguida por una cerealeras, alimenticias, energéticas, pesqueras, curtiembres, ganaderas y SAS, uno de los ejemplos de sociedades de este tipo que componen un grupo amplio de los involucrados en el total del ranking al que tuvo acceso Ámbito.