En la normativa se indica que en el contrato de concesión se establecerá "la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje" que percibirá la AGP , "sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato".
También en el contrato se definirá "la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con relación a los distintos servicios que se prestan en los mismos".
El Ministerio de Transporte también definirá "el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como así también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados".
Asimismo se instruye a la Administración General de Puertos, la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare prestando servicios para la misma.
La Administración General de Puertos -a cargo del interventor José Beni, un técnico que reporta al Instituto Patria y trabajó a las órdenes de Néstor Kirchner en Santa Cruz, deberá celebrar, siguiendo los principios y lineamientos de su propio régimen, "las contrataciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio".
Los puntos clave del DNU
De esta manera, el Gobierno da un giro en el control la vía fluvial por la que salen el 80 por ciento de las exportaciones argentinas. Desde 1995, la empresa Hidrovía S.A., conformada por el gigante belga Jan de Nul en sociedad con la argentina Emepa S.A., se encuentra a cargo del dragado y balizamiento de la mencionada vía navegable.
El 29 de abril, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, a cargo de la Cartera Transporte tras la intempestiva muerte de Mario Meoni, prorrogó por 90 días hábiles la concesión.
En Transporte insisten en que la posibilidad de transferir el control de la Hidrovía a la AGP estaba en los planes alternativos que manejaba Meoni antes de morir, al igual que la prórroga, la opción que finalmente eligió el Presidente. En el Ejecutivo sostienen que el decreto que otorga el control a la AGP servirá para dar previsibilidad a los usuarios de la ruta fluvial.
A partir de esta resolución del Gobierno, el Estado se hará cargo del mantenimiento del sistema y cobrará un canon, mientras los privados continuarán con los trabajos de dragado y balizamiento de la Hidrovía, que tiene 3.500 kilómetros de extensión y por allí pasa la mayoría del comercio exterior argentino.
GRB