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Desde los mercados se reveló tranquilidad con la norma finalmente aprobada

La Comisión Nacional de Valores y el ministerio de Agricultura de la nación publicaron una resolución conjunta que obliga a registrar todas las operaciones de compraventa de granos. El objetivo es la creación final de un registro nacional de todas las operaciones de modo de transparentar el precio en pizarra.

Fuentes del sector se mostraron tranquilos con la decisión pero revelaron cierta cautela respecto de algunos detalles. La resolución otorga un tiempo muy corto para la implementación, solo diez días desde la entrada en vigencia, plazo que estiman que va a ser insuficiente para llevar a cabo lo pretendido.

Sin embargo, celebraron que la resolución efectivamente publicada haya sido más benigna que los proyectos que circulaban previamente. Tiempo atrás había rondado un proyecto de resolución que habría obligado a registrar no solo todas las operaciones sino todas las negociaciones de compraventa de granos. Esto había generado gran resistencia por parte de bolsas y mercados, por lo que la resolución efectivamente promulgada fue recibida con alivio.

Además, la norma obliga a interconectar los distintos mercados para transparentar completamente los datos operados en pizarra. Esto no es un detalle ya que, según confiaron desde el sector, es imposible de llevar a la práctica en los diez días que exige el texto de la norma.

“El espíritu de la resolución es tender a transparentar el precio y a dar una mejor referencia para el productor. Además, la registración va en contra de la evasión”, explicaron desde el sector. Aunque, por otro lado, se mostraron preocupados por la dispersión productiva que hay en el país y qué precio de referencia se alcanzará finalmente. “No es lo mismo el que produce en Salta que en la zona núcleo, la distancia a puerto es distinta y los precios no pueden ser iguales. No sabemos cómo se va a resolver esto, quizás habría que calcular un 'coeficiente de distancia a puerto', es un tema a solucionar”, explicaron.

Por último, aclararon que la medida no se recibió como una agresión sino como una cuestión ordenativa que no merece demasiada resistencia de parte de los sectores. Incluso confesaron que se veía, por el contenido de la norma, que desde el estado han escuchado a los productores aunque, insistieron, quedan algunas dudas que va a haber que ver cómo se aclaran.